Belfast "la ciudad más libre del mundo"

Unas pocas horas bastan para reconocer la atmósfera de Belfast. Mientras uno recorre sus calles, tiene la "agradable" sensación de estar totalmente controlado. Las cámaras de vigilancia que adornan su paisaje urbano observan con detenimiento cada uno de sus movimientos, estudian cuidadosamente y guardan en sus archivos computerizados los vídeos diarios. Los peligros de una ciudad históricamente castigada así lo requieren, es una muestra de la preocupación que tiene el poder por sus súbditos.



Curiosamente, no le parecen preocupar tanto conceptos ya anticuados como los derechos sociales, y por eso no ha dudado ni un momento en empezar una digna contrarrevolución social en el territorio cuando los mercados, esos entes incorpóreos que actualmente gobiernan por encima de los países, lo han exigido. Si bien los ladrones siempre dejan a un compañero vigilando durante sus fechorías, en este caso
Irlanda del Norte ha recurrido a un par de veteranos para controlar el saqueo por parte de los mercados financieros: el FMI y la UE. Los paralelismos con el crimen organizado y la mafia son inevitables, pero en este caso, el expolio es mostrado como imprescindible y necesario, y es por ello que también requiere ciertos ajustes en materias complementarias, como son las libertades civiles.

La premisa principal es que no es posible de ninguna forma implementar las salvajes medidas de austeridad reclamadas desde los mercados financieros por vías democráticas, y la conducta de unos estratos dominantes cada día más aterrados ante la posibilidad de una explosión social tiende a ser progresivamente más autoritaria y reaccionaria. Sus privilegios nunca habían corrido tanto peligro. En un mismo año se ha aprobado ya una ley de prensa en Hungría que permite sancionar las opiniones publicadas que no coincidan con los valores nacionales, se ha promulgado una nueva ley antiterrorista aún más represiva en las calles griegas, y en otros territorios no tan lejanos como Cataluña se ha barajado el restringir el derecho a manifestación, y se ha creado ya una unidad policial contra las guerrillas urbanas.



El gobierno de Irlanda del Norte, un experimentado jugador en la materia, ha dispuesto ya las primeras cartas con las que los gobiernos de Europa afrontarán la difícil tarea de restringir libertades civiles básicas, conquistadas tras años de lucha abierta contra la opresión y la miseria. El asalto a las libertades civiles está en todas partes, y estamos viviendo únicamente las primeras líneas de su prólogo.

El grandísimo prestigio del que goza Irlanda del Norte entre estados de todo tipo no es precisamente gratuito, y genera envidias y celos especialmente entre las burocracias gubernamentales las cuales su incompetencia no les permite camuflar su dictadura de clase bajo otras formas aparentemente democráticas. Entre las más valientes hazañas del estado norirlandés se encuentra una legislación implementada el año 1971, que socavaba cualquier ápice de derechos civiles al contemplar penas de prisión indefinidas sin siquiera juicio para los sospechosos de pertenecer al IRA, con lo cual el global de la población se convertía en una amenaza potencial, que podía ser enviada a dependencias carcelarias de forma inmediata sin tener que pasar por innecesarios trámites burocráticos tales como un juicio justo, aún tratándose de uno de los pilares indispensables de lo que los bufonescos intelectuales contemporáneos bautizaron como estado de derecho. No es casualidad que los especialistas de la política acuñaran de forma oportunista el término cuando los estados empezaron a ver suprimido de forma total el carácter democrático que se les había atribuido en otras épocas.
Fotografía de: Sergio Ramírez
Aún así, no sería comprensible a priori que un estado de este tipo, delirante e inseguro como todos los demás, tuviera un apogeo tan notable entre sus homólogos. A lo largo de la historia del siglo XX hemos podido ver medidas mucho más rápidas y contundentes por parte de otros países y gobiernos, que suprimieron de igual forma los derechos democráticos y las libertades básicas. La diferencia fundamental es que Irlanda del Norte, y en consecuencia el Reino Unido, siguió considerándose pese a todo un país sumamente respetable y democrático entre las más altas esferas políticas europeas, y su brutal ataque a algo tan básico como son la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo no fue entorpecido en ningún momento por críticas inoportunas de gobiernos descontentos con la medida: El terrorismo servía una vez más de excusa para justificarlo todo, pues según las directrices del poder es evidente que un grupúsculo de medio centenar de individuos puede sojuzgar a unas instituciones respaldadas por millones de ciudadanos, y por ello era necesario destruir el concepto de derechos civiles en todo el territorio.
La telaraña de videocámaras que impregna el territorio de Irlanda del Norte, y particularmente la ciudad de Belfast, no parece contentar lo suficiente a un poder cada día más inseguro, pero con capacidad y experiencia suficiente para erguirse en vanguardia de la reacción. Es por ello que ha anunciado ya un proyecto de ley que regulará las asambleas, protestas y concentraciones callejeras, haciéndolas pasar por un filtro gubernamental. 
La novedosa legislación contempla que cualquier tipo de evento que reclame espacio público necesitará de un permiso concedido como mínimo 37 días antes de su celebración, y éste puede ser denegado en según qué circunstancias. La ley exige además el nombre de todos los organizadores, y de todos los grupos que tomarán parte en las reuniones, pudiendo además acabar en penas de cárcel y multas en casos de desobediencia civil. No es una mera coincidencia que la medida se implemente en un contexto de recorte masivo del gasto público, pues con la aprobación de la ley, el gobierno de Irlanda del Norte se blindaría así ante cualquier tipo de oposición rápida y contundente a las medidas de austeridad, y cualquier tipo de luchas laborales como las huelgas espontáneas que protagonizaron los trabajadores de correos serían declaradas ilegales de pleno derecho.

Así pues, el poder ya no solamente dispondrá de imágenes en alta definición de los protestantes gracias al ecosistema de cámaras de vigilancia que habita entre los muros de Belfast, si no que ahora se le facilitarán nombres y se le otorgará la capacidad de denegar el derecho a manifestarse, y siempre retrasando las protestas puntuales para que éstas tengan menos seguimiento y se celebren en momentos de apaciguamiento y pasividad, siguiendo el camino marcado por los sindicatos de CCOO y UGT al convocar una huelga general tres meses después de la aprobación de la reforma laboral en España. En este caso, luchas concretas como las acampadas que desencadenaron recientemente el Movimiento 15M alrededor de Europa, las manifestaciones masivas de millones de personas contra la guerra de Iraq, las huelgas no pactadas o las asambleas ciudadanas que diariamente se expanden a todos los rincones del continente, serían completamente ilegales al sucederse de forma espontánea, y se verían también entorpecidas por la maraña burocrática, que haría todo lo posible por retrasar sus demandas o directamente denegarlas.

Fotografía de: Sergio Ramírez


Se trata, tras la ley de medios en Hungría, del primer ataque brutal y decidido a las libertades civiles y los derechos democráticos arrebatados por los trabajadores de las manos de las clases dominantes, restringiendo el libre derecho a reunión y manifestación. Nadie sabe cuál será el siguiente paso, ni dónde, lo único seguro es que la ofensiva contra los derechos democráticos es generalizada, y pervivirá hasta que éstos sean un vano recuerdo de otros tiempos.

Texto íntegro extraído del blog: muertedelahistoria.blogspot.com

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